Oficina de reclamaciones

Los asuntos más relevantes para Aragón en los últimos años han sido la política hidraúlica con la amenaza del trasvase del Ebro, la reforma del Estatuto, el problema demográfico que sufre Aragón, las nefastas comunicaciones con Francia y el boom especulativo de la construcción, especialmente en el Pirineo. Sobre ninguno de todos estos asuntos hemos podido escuchar la opinión de El Justicia de Aragón con la contundencia que requieren estas cuestiones y con la que se han expresado la práctica totalidad de la instituciones y agentes sociales aragoneses.

El Justicia es una de las instituciones que tienen más autoridad para encabezar los asuntos que hacen país. Sin embargo en los últimos años, bajo el argumento de la discreción, se ha autorelegado a una especie de oficina de reclamaciones de la administración. No quiero desdeñar esta labor, pero el Estatuto otorga un papel mucho mayor a esta figura, con un claro contenido político y con la legitimidad que le otorga estar por encima de las luchas partidarias para defender las cuestiones que nos unen a todos los aragoneses y aragonesas. Pero no se ha oído con la contundencia que requería un rechazo al trasvase del Ebro ni una defensa del máximo techo competencial en la norma principal del ordenamiento jurídico aragonés, como es el Estatuto de Autonomía, a la hora de su reforma. Algo que hace que la instución se diluya, pierda personalidad, relevancia institucional y entre la ciudadanía se considere un organismo administrativo más.